Redacción
Del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025, en el país se registraron 133 violaciones de derechos humanos, de ellas 7 desapariciones forzadas, 22 ejecuciones extrajudiciales y 86 detenciones arbitrarias, informó Alejandro Cerezo Contreras, Coordinador de ACUDDEH.
“En este mapa podemos ver que las otras violaciones de derechos humanos fueron solo 18 en este periodo, 1 de junio de 2024 al 31 de mayo del 2025, que hubieron 86 detenciones arbitrarias, 22 ejecuciones extrajudiciales y 7 desapariciones forzadas, con un total de 133 violaciones de derechos humanos. Les llamamos otras violaciones de derechos humanos porque no son, digámoslo así, tan graves como la detención, la ejecución y la desaparición”, expuso.
Durante la Presentación del 14 Informe «Defender los derechos humanos en México: la esperanza se desmorona”, detalló que Jalisco con 40 casos, encabeza la lista de entidades co el mayor número de violaciones de derechos humanos, seguida de Oaxaca con 17, Michoacán 15, Querétaro 13 y Chiapas y Ciudad de México con 12 cada una.
En tanto, Francisco Cerezo Contreras, quien dirige el Comité Cerezo, señaló que la crítica que le hacen al actual gobierno es la negación de la existencia de desapariciones forzadas.
“Yo puedo entender a lo mejor que los altos dignatarios no dicen ‘desaparece a esa persona’, pero no pueden negar que la estructura que se ha mantenido de impunidad, o sea sin castigo a los perpretadores de los sexenios de Calderón y Peña Nieto son los que actualmente están y si hay impunidad, es decir, si no hay castigo, lo van a volver a hacer y eso es lo que está pasando, puede ser que hasta no tengan conocimiento, pero eso no quita que si una gente de Estado comete una desaparición forzada, el responsable ante el nivel internacional es el Estado mexicano y la cabeza del Estado mexicano en este momento es Claudia Sheinbaum, parece que todavía no pueden entender esa lógica elemental de quién viola los derechos humanos”, enfatizó.
Al respecto, Gerold Schimidt, director de la fundación Rosa-Luxemburg-Stiftung en México sostuvo que si bien sería injusto afirmar que en esta materia se desmoronan las esperanzas, es necesario hacer un llamado enérgico para que el Estado fortalezca su labor para proteger los derechos humanos y evitar que sean integrantes del Estado quienes comentan las violaciones.
“El nuevo gobierno no lleva ni siquiera un año en el poder, podría parecer que es un poco injusto afirmar que la esperanza ya se desmorona, pero probablemente se necesita esta fuerte llamada de atención para que las instancias del Estado hagan mayores esfuerzos de proteger los derechos humanos y evitar que sean los mismos actores del Estado que cometan estas violaciones”, expresó.
En su oportunidad, la Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Maia Campbell, dijo que uno de los mayores retos es la impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras.
Resaltó que tras trabajar con diversas fiscalías estatales y hacer un análisis de las carpetas de investigación. Detalló que una de las recomendaciones a raíz de ese informe es la elaboración de un protocolo especializado de investigación de delitos contra defensores de aplicación obligatoria en todas las fiscalías del país.
Como parte de las conclusiones del 14 Informe «Defender los derechos humanos en México: la esperanza se desmorona”, se determina que que la defensa del derecho humano, la protesta fue la actividad principal realizada por la mayoría de las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, como represalia por ejercer dicho derecho, mientras que el segundo lugar lo ocupa la autodeterminación de los pueblos indígenas, seguida en tercer lugar de los derechos humanos, ligados al territorio y en cuarto lugar, la defensa de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular de personas buscadoras.
Además, señala que los actos de violaciones derechos humanos cometidos contra defensores, a partir del año 2018, fueron decreciendo con dos picos al alza en 2000 20:02 1022, con 554 y 471, casos, respectivamente, mientras que en 2017, se registraron 1259 eventos y en 2018, 569.
En el informe se hacen diversas recomendaciones entre ellas, aprobar una ley general para personas defensoras de derechos humanos que permita las autoridades federales, conocer de delitos del foro común, cuando tengan relación con delitos federales o cometidos contra personas de defensoras; así como aprobar la iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 6 y 73 constitucional y el proyecto de ley general, para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las personas defensoras y personas periodistas, entre otras.
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