La plataforma GOG —conocida por su política de cero DRM y su enfoque en la preservación del contenido digital— lanzó esta semana la campaña FreedomToBuy, una iniciativa que ofrece gratuitamente 13 videojuegos para PC con contenido NSFW (no apto para todo público), en protesta por lo que considera una ola de censura en la industria.
La campaña surge tras la eliminación masiva de videojuegos en plataformas como Steam e Itch.io, ocurrida a mediados de julio. Ambas tiendas digitales retiraron centenares de títulos, la mayoría de corte adulto o experimental, tras la presión ejercida por Collective Shout, una organización australiana de corte feminista que contactó a procesadores de pago como Visa, Mastercard y PayPal para cortar vínculos con los distribuidores de este tipo de contenido.
En respuesta, GOG —perteneciente al estudio CD Projekt RED— lanzó FreedomToBuy.games, una página donde los jugadores pueden reclamar 13 juegos que, en muchos casos, fueron retirados previamente de otras plataformas por “no ser aptos” para todos los públicos. Algunos de los títulos disponibles incluyen:
- Postal 2
- Agony
- Leap of Love
- House Party
- HuniePop
- Treasure of Nadia
- Sapphire Safari, entre otros.
La promoción estará disponible únicamente hasta el 3 de agosto de 2025, y basta con seguir el enlace oficial compartido por GOG en sus redes sociales para acceder a los juegos.
En un comunicado, la plataforma expresó que “algunos juegos desaparecen no porque infringieron la ley, sino porque alguien decidió que no debían existir”, y acusó a los sistemas de pago y bancos de imponer una forma de “censura sigilosa”. GOG remarcó que su papel como archivo digital de videojuegos incluye preservar obras legalmente desarrolladas, incluso si resultan polémicas o no comerciales.
La campaña ha sido bien recibida por sectores de la comunidad gamer, quienes ven en GOG un contrapeso necesario frente a lo que consideran una creciente intolerancia a la diversidad creativa en el medio digital. Además, analistas señalan que este movimiento pone en evidencia el poder que ejercen los intermediarios financieros sobre el acceso a contenidos culturales en línea.
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