Redacción
Una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que se discute en el Senado contempla penas de tres a siete años de prisión y multas para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, elementos de la identidad gráfica institucional del gobierno.
La propuesta ha generado cuestionamientos desde la oposición, particularmente del coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, quien advirtió que la redacción podría alcanzar contenidos como parodias y memes que empleen signos o elementos oficiales.
De acuerdo con el proyecto, el artículo 403 Bis establecería las sanciones cuando el uso de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos oficiales de los tres órdenes de gobierno tenga como finalidad inducir a error o engaño a una o más personas, incluso mediante medios electrónicos, digitales o tecnológicos.
La disposición forma parte de un paquete de modificaciones en materia de propiedad intelectual que, según los argumentos de la iniciativa, busca fortalecer la protección de estos derechos y armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, entre ellos los derivados del T-MEC.
Anaya Cortés sostuvo que el texto debe modificarse para establecer de manera expresa excepciones para periodistas y contenidos de parodia, además de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el debate público. Su postura forma parte del posicionamiento de la bancada panista frente al proyecto.
El coordinador del PAN señaló que, en su interpretación, la redacción podría generar incertidumbre para periodistas, caricaturistas y productores de contenidos satíricos que utilicen elementos oficiales en sus trabajos, por lo que pidió retirar o modificar el artículo antes de su eventual aprobación.
En paralelo, la Cámara de Diputados analiza otra modificación relacionada con contenidos alterados o utilizados sin autorización y las obligaciones de los proveedores de servicios de internet.
De acuerdo con la información proporcionada sobre el proyecto, las sanciones propuestas para estos proveedores alcanzarían más de 4.6 millones de pesos.
La discusión sobre ambas reformas ocurre mientras las comisiones legislativas revisan los cambios a los marcos de propiedad industrial y derechos de autor, por lo que los alcances definitivos dependerán del texto que eventualmente sea aprobado por el Congreso.
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