EFE / Un tribunal de apelaciones impidió este viernes que un juez federal declarara a varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump en desacato por la deportación de migrantes venezolanos.
La decisión, alcanzada con dos jueces a favor y uno en contra, acusa al juez James Boasberg de haber «abusado» de su poder de manera «especialmente grave» porque los procesos de desacato «conllevan profundas consecuencias de la separación de poderes que exigen el más cuidadoso escrutinio judicial».
El juez Boasberg ha sido blanco de críticas constantes por parte del presidente Trump y su Gobierno, quien lo ha tildado de «radical de izquierda» y ha pedido su dimisión.
El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general republicana Pam Bondi, presentó a su vez a finales de julio una denuncia formal por «conducta indebida» contra el juez.
El pasado mes de abril, Boasberg dio inicio al proceso para declarar a la Administración en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
Estas personas fueron liberadas a mediados de julio y enviadas de vuelta a Venezuela, como parte de un inusual intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de haber sometido a estas personas a una «desaparición forzada».
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones, acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, las cuales han sido calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington prometió pagar a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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