Redacción
Organizaciones regionales de derechos humanos encendieron las alertas ante una iniciativa legislativa que plantea sustituir el Ministerio de la Mujer por una entidad de menor jerarquía administrativa, lo que —advierten— representaría un retroceso en los derechos de las mujeres en Panamá.
El señalamiento fue realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que difundió un pronunciamiento regional firmado por su coordinación y por representantes de Cladem Panamá. En el documento, la red sostiene que la propuesta debilita la capacidad institucional del Estado para enfrentar la discriminación estructural que afecta a las mujeres.
Proyecto legislativo genera preocupación por institucionalidad de género
De acuerdo con Cladem, la iniciativa se discute en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional a través del Proyecto de Ley No. 447, presentado por el Órgano Ejecutivo. La propuesta contempla la creación de un Instituto Nacional de la Mujer en sustitución del ministerio creado en 2023.
Para la organización, este cambio implicaría regresar a un modelo institucional previo que, señalan, ya había sido superado tras años de incidencia social y técnica que impulsaron la creación de una cartera ministerial específica. A su juicio, no existen fundamentos jurídicos, políticos o económicos que justifiquen la modificación.
Cladem subraya que Panamá enfrenta brechas persistentes en materia de igualdad. Entre los indicadores mencionados se encuentran la baja representación de mujeres en la Asamblea Nacional, así como desigualdades económicas vinculadas al trabajo de cuidados no remunerado y diferencias salariales.
Llamado a mantener compromisos en derechos humanos
En este contexto, la red regional considera que debilitar la institucionalidad de género contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño en materia de derechos humanos y políticas de igualdad.
El pronunciamiento exhorta al Órgano Ejecutivo a revisar la iniciativa y a la Asamblea Nacional a garantizar el respeto del marco legal vigente y de los derechos de las mujeres. Las organizaciones firmantes sostienen que, lejos de reducir su alcance, las políticas públicas de género requieren fortalecimiento institucional para responder a las desigualdades estructurales.
La discusión legislativa, aún en curso, ha abierto un debate nacional sobre el papel del Estado en la promoción de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en Panamá.
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