Redacción
Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido con mayor alcance en México, se encuentra en el centro de una controversia laboral tras las acusaciones de personal de sus restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi.
En días recientes, trabajadores de estos establecimientos denunciaron que la compañía notificó la inexistencia de utilidades a repartir, un anuncio que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia financiera y las condiciones laborales dentro del grupo.
¿Por qué los empleados señalan irregularidades?
El caso cobró relevancia tras viralizarse el testimonio de un presunto trabajador a través de la cuenta de X, ¿Por qué es tendencia?
El denunciante sostiene que la explicación de la empresa resulta contradictoria frente a la dinámica comercial observada, argumentando que durante 2025 y el primer trimestre de 2026, el grupo empresarial ha mantenido un crecimiento sostenido, incluyendo la apertura de nuevas sucursales y la integración de nuevos socios comerciales.
Además de la falta de PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), el testimonio incluye señalamientos sobre:
*Cambios recurrentes de razón social.
*Presuntas inconsistencias en el registro de salarios ante el IMSS.
*Descuentos indebidos en las propinas del personal.
Hasta el cierre de esta edición, ni el influencer ni los restaurantes han emitido una postura oficial frente a las acusaciones.
¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la PTU?
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades es un derecho constitucional establecido en el artículo 123. Sin embargo, su pago está condicionado a que la empresa haya generado una utilidad fiscal gravable ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con la legislación vigente, existen exenciones legales para no repartir utilidades, tales como:
*Empresas de nueva creación: Durante su primer año de operación.
*Desarrollo de productos nuevos: Durante los dos primeros años.
*Organismos e instituciones: Sin fines de lucro o de asistencia.
Por ahora, ninguna autoridad laboral ha corroborado los hechos ni existen pruebas públicas que confirmen prácticas de evasión en los establecimientos mencionados.
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