Redacción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda inmovilizó este lunes 18 de mayo los activos de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios tras recibir alertas financieras internacionales. El Gobierno de México, a través de un comunicado, informó que estas adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) tienen un carácter estrictamente preventivo y buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional frente a posibles irregularidades detectadas en la entidad sinaloense.
¿Por qué la UIF bloqueó a Rubén Rocha Moya?
La determinación administrativa se originó a partir de reportes emitidos por diversas instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales detectaron comportamientos inusuales tras señalamientos públicos realizados por autoridades de los Estados Unidos. Al mantener relaciones de corresponsalía con entidades estadounidenses, los bancos en México activaron sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo sobre clientes clasificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que derivó en alertamientos inmediatos.
Con base en estos reportes técnicos denominados LPB 24 Horas, la dependencia procedió a la inmovilización de los recursos de Rubén Rocha Moya y un grupo de nueve personas más, todos vinculados al entorno político de Sinaloa. La autoridad financiera destacó que esta medida es una respuesta directa a la necesidad de blindar el flujo de capitales en el país, atendiendo a la difusión pública de investigaciones que involucran a servidores públicos del estado.
El impacto de los reportes de Estados Unidos en Sinaloa
La dependencia aclaró que estas acciones no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad penal en este momento. Se trata de medidas de carácter administrativo que permiten a la UIF analizar la información y documentación relacionada con las PEP incluidas en el listado, aplicando los mismos criterios técnicos e institucionales que en cualquier otro reporte de riesgo.
La inmovilización de activos de Rubén Rocha Moya busca evitar el movimiento de fondos mientras se esclarece el origen y destino de los capitales señalados por las agencias internacionales. Hacienda precisó que los bancos mexicanos actuaron de forma autónoma al emitir los alertamientos iniciales, cumpliendo con los protocolos de seguridad que rigen la banca global y la cooperación binacional en materia de inteligencia financiera.
¿Qué sigue para los implicados en la investigación?
Las personas incluidas en la LPB cuentan con los medios de defensa previstos en la legislación mexicana, incluyendo el ejercicio de la Garantía de Audiencia. Esto significa que tanto el funcionario como los otros nueve implicados podrán comparecer ante la autoridad administrativa para presentar pruebas y recursos jurisdiccionales que estimen procedentes para intentar liberar sus activos.
Por ahora, la investigación continúa bajo reserva mientras se procesa la documentación bancaria recopilada tras el operativo de este lunes. La administración federal mantiene el compromiso de proteger la integridad del sistema financiero mexicano ante los señalamientos contra Rubén Rocha Moya bajo la supervisión administrativa de la UIF.
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