Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el decreto que autorizó a Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, a contratar deuda pública por 4 mil millones de pesos para proyectos de inversión pública productiva.
Por unanimidad y sin discusión alguna, el pleno del alto tribunal aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahfl, quien propuso declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 12 legisladores estatales de Morena y del Partido del Trabajo que impugnaron la decisión del Congreso Local.
La juzgadora argumentó que la facultad otorgada a la titular del Ejecutivo estatal para realizar movimientos compensados entre los programas autorizados no implica una autorización abierta para modificar el destino del financiamiento.
“El proyecto considera que la facultad otorgada al ejecutivo para realizar movimientos compensados entre los programas autorizados no implica una autorización abierta para modificar el destino del financiamiento, pues únicamente permite redistribuir los recursos entre programas previamente aprobados por el congreso, sin incrementar el monto total autorizado ni alterar la finalidad de la inversión pública productiva establecida por el propio órgano legislativo”.
En su proyecto, Ortiz Ahlf señaló que concluyó que la Constitución federal no exige que el Congreso identifique de manera exhaustiva cada obra o proyecto específico que será financiado con deuda, sino que es suficiente que se delimiten rubros generales de inversión pública productiva y se fijen montos determinados para cada uno de ellos, como ocurrió en este caso con programas de infraestructura educativa, desarrollo social y sustentable, movilidad regional, campo, atención médica y seguridad pública.
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