Redacción
La Audiencia de Barcelona ha decidido mantener en libertad provisional al exjugador del Barça Dani Alves mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó por violación, considerando que la fianza impuesta y la retirada de sus pasaportes «contrarrestan» el riesgo de fuga.
En un auto, la sección 21ª de la Audiencia ha rechazado los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular contra la decisión de dejar en libertad provisional a Alves, quien salió de la cárcel el pasado 25 de marzo tras pagar una fianza de un millón de euros.
La sala ha mantenido la libertad de Alves hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resuelva los recursos presentados por las partes contra la sentencia que lo condena a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022.
En su auto, el tribunal ha confirmado la fianza impuesta al futbolista, que fue cuestionada por la acusación particular, al considerar que los argumentos sobre la situación económica privilegiada de Dani Alves se basan en «meras suposiciones».
La Audiencia ha destacado que la vivienda de Alves en Esplugues de Llobregat (Barcelona), valorada en cinco millones de euros, está gravada con una hipoteca de 3,5 millones que vence en julio de 2035, y que ha rescindido sus contratos con el club de fútbol mexicano Pumas, en el que jugaba cuando fue detenido, así como otros contratos de patrocinio e imagen.
El tribunal considera que el millón de euros impuesto como fianza es adecuado dada la «holgada solvencia económica» que se le presume por su extensa trayectoria como deportista de élite, a pesar de la pérdida de sus principales fuentes de ingresos actuales.
Respecto al riesgo de fuga, la Audiencia ha respondido que las acusaciones no han aportado elementos nuevos que indiquen un aumento en el peligro de fuga del futbolista. El tribunal considera que dicho riesgo puede ser «contrarrestado con las condiciones de aseguramiento personales y económicas impuestas», que incluyen la comparecencia semanal, la prohibición de salir del país y la entrega de sus dos pasaportes, brasileño y español.
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