Redacción
En los planes del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se esperaba que ele domingo 27 de julio entrara en vigor la orden ejecutiva que eliminaba de inmediato la ciudadanía por nacimiento a todas las personas con padres con estatus migratorio ilegal. Sin embargo, ha sido frenado por tribunales estatales.
¿A quiénes afecta esta medida migratoria?
La eliminación de la ciudadanía estadounidense por nacimiento afecta principalmente a los hijos e hijas de madres extranjeras que dan a luz en territorio estadounidense. De acuerdo con estimaciones del Pew Research Center, cerca de 150 mil niños y niñas nacen cada año en Estados Unidos bajo estas circunstancias, los cuales podrían perder su derecho de nacionalidad.
Los potenciales afectados incluyen tanto a descendientes de migrantes en situación irregular como a quienes llegan al país como turistas con la intención explícita de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense, fenómeno conocido como “turismo de parto”.
Las comunidades latinoamericanas, especialmente mexicanas y centroamericanas, así como personas provenientes de Asia y África, representan un sector importante de la población que vería limitados estos derechos. Diversos organismos han señalado que una restricción de este tipo dejaría a miles de menores en riesgo de apatridia, es decir, sin derechos reconocidos en ninguna nacionalidad y con acceso restringido a servicios de salud, educación y protección legal.
Además, la medida afectaría la planificación y seguridad jurídica de muchas familias extranjeras que residen en el país o bien viajan específicamente para que sus hijos accedan a un pasaporte estadounidense. La incertidumbre sobre el estatus legal de estos menores genera preocupación en comunidades migrantes, organizaciones de derechos civiles y gobiernos de países de origen.
La medida fue anunciada con la intención de iniciar su aplicación este 27 de julio de 2025. Sin embargo, poco antes de su entrada en vigor, varios tribunales federales intervinieron y suspendieron de manera provisional la aplicación de la misma. después de que organizaciones civiles, abogados y estados presentaran demandas cuestionando su constitucionalidad. El principal argumento legal en contra radica en la protección que brinda la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense al derecho de ciudadanía automática por nacimiento.
Esto ha dado como resultado que no exista una fecha establecida para la entrada en vigor de la orden presidencial, al contrario, el proceso podría extenderse durante varios meses o incluso años mientras los tribunales evalúan si la orden ejecutiva se ajusta a los parámetros constitucionales.
Hasta que haya una resolución definitiva, la política actual se mantiene, garantizando la ciudadanía por nacimiento a quienes nazcan en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Sin embargo, la Corte Suprema aceptó que el gobierno de Trump elabore una guía detallada en la manera de aplicar esta medida, pero no se ha revelado detalles de la propuesta.
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