Redacción
Los acuerdos que permiten a las policías locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han multiplicado a una velocidad sin precedentes. Un análisis de datos oficiales realizado por FWD.us, organización apartidista que aboga por una reforma migratoria integral y de justicia penal, muestra que 1.168 cuerpos policiales tenían agentes inscritos para ayudar al ICE a finales de enero, frente a los 135 que participaban durante la Administración de Joe Biden y los 150 al final del primer mandato de Donald Trump.
Al tiempo que la Administración republicana ataca constantemente a las llamadas jurisdicciones santuario, aquellas ciudades o municipios que por decreto o ley no colaboran en materia migratoria con el Gobierno federal, la cifra de los que sí no ha dejado de crecer. Según datos publicados por el propio ICE, hasta el 13 de febrero de 2026, la agencia había firmado 1.415 memorandos de acuerdo bajo la sección 287 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cubriendo 40 Estados. Solo en las primeras semanas de 2026, casi 150 nuevas agencias locales se sumaron al programa.
La sección 287 (g), creada en 1996, autoriza al Gobierno federal para delegar a policías estatales y locales determinadas funciones propias de agentes migratorios federales. Bajo este esquema, los oficiales locales pueden identificar, interrogar y detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización y transferirlas a custodia federal. El ICE sostiene que el programa “mejora la seguridad de las comunidades de la nación” y que permite “proteger la patria mediante el arresto y la expulsión de extranjeros que socavan la seguridad de las comunidades de nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.
En su modalidad más controvertida —el llamado “Task Force Model”— los agentes locales pueden ejercer facultades migratorias durante sus patrullajes regulares. Este modelo había sido desmantelado en 2012 tras denuncias de perfilamiento racial, pero fue reintroducido en 2025, acompañado de nuevos incentivos financieros. El ICE ha ofrecido cubrir costos de capacitación y proporcionar recursos, que incluyen hasta 7.500 dólares por agente entrenado para equipamiento y hasta 100.000 dólares para vehículos y pagos de horas extra.
De acuerdo con FWD.us, el crecimiento es considerable. La organización calcula que, gracias a la inyección de fondos federales incluida en la llamada “One Big Beautiful Bill”, las agencias estatales y locales podrían recibir entre 1.400 y 2.000 millones de dólares este año si participan en el programa. “Esta cantidad eclipsaría todos los demás fondos federales destinados a las fuerzas del orden locales”, concluye su informe.
Pero el rápido despliegue también ha encendido alarmas. Exfuncionarios de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que la expansión del 287 (g), combinada con la reducción de mecanismos de supervisión interna, podría convertirse en “una amenaza a los derechos civiles a lo largo del país”.
Antes del cambio de Administración, esa oficina estaba elaborando un informe ordenado por el Congreso que identificaba posibles violaciones de derechos civiles en algunas jurisdicciones participantes. Exfuncionarios declararon a The Guardian que el documento no ha sido publicado y que su estatus es incierto. De igual forma, se reportó que un consejo asesor que revisaba nuevas solicitudes fue disuelto al inicio del segundo mandato de Trump.
Los críticos afirman que el riesgo no solo es legal, sino social. Bajo el modelo de “task force”, los agentes locales pueden interrogar y detener a personas por sospechas de estatus migratorio durante el desempeño de su labor cotidiana, incluso cuando la infracción migratoria es de carácter civil y no penal.
El temor, según expertos, es que al difuminarse la línea entre policía local y autoridad migratoria federal, las comunidades inmigrantes pierdan confianza en quienes patrullan sus vecindarios. Cuando una parada de tráfico, una denuncia por violencia doméstica o un testimonio como testigo pueden derivar en una detención migratoria, la disposición a reportar delitos puede disminuir. Este es exactamente el argumento que dan las autoridades locales cuando defienden sus políticas de no cooperación en migración con el Gobierno federal, conocidas más comúnmente como las políticas santuario, las cuales han sido uno de los principales objetivos de la Administración Trump.
Experiencias previas del programa mostraron efectos colaterales en la vida cotidiana de esas comunidades: un descenso en la asistencia escolar, menor acceso a servicios de salud y familias que evitaban salir de casa por temor.
Mientras algunos condados han rechazado sumarse, otros Estados han alentado activamente la firma de acuerdos. El resultado es un mapa nacional fragmentado, con una red cada vez más grande de agencias locales vinculadas con autoridades migratorias.
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