Redacción
Perfilado para fungir como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz así se presenta: “Aquí tienen a una persona con una lente distinta y que no nada más se asume distinta (…); aquí hay alguien que ha reflexionado la realidad y que ha contribuido a construir un modelo distinto”.
Hasta la tarde de este martes, cuando se habían computado 98.62% de las actas de la elección del pasado 1 de junio, acumulaba 5 millones, 902,812 votos, contra 5 millones 586,224, que sumaba Lenia Batres. Si al terminar el conteo es quien acumula más votos, será el presidente de la SCJN de 2025 a 2027.
Originario de Villa Guadalupe Victoria, en el municipio San Miguel el Grande, perteneciente al distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, es un abogado mixteco que tiene como causa la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, con experiencia en la administración pública.
Aseguró que su papel en el pleno de la SCJN beneficiará también a los no indígenas, no solo por la diversidad de ideas que sumaría a la discusión de los argumentos con sus pares, sino una visión diferente del país y sus conflictos.
Durante su campaña dijo a El Economista “No estoy pidiendo que voten por mí para ser ministro de la Corte porque soy indígena y he estado excluido. No. Soy un indígena con una perspectiva amplia de la justicia, lo cual es valioso para la conformación del pleno del máximo tribunal del país”.
El oaxaqueño hablante de lengua tu´un Savi, mixteco, es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde se tituló con la tesis “Pluralismo jurídico. El sistema electoral indígena en la legislación Oaxaqueña”.
Luego cursó la maestría el derecho constitucional en la misma casa de estudios, aunque está pendiente su titulación.
Antes de iniciar la licenciatura fungió como auxiliar en la delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Tlaxiaco, atendiendo a comunidades indígenas mixtecas y triquis.
Al concluir la carrera, se incorporó como asesor en la Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mixe y meses después al grupo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Participó en la redacción de las propuestas de reformas constitucionales que presentó el grupo rebelde a la Comisión de Concordia y Pacificación, que derivó en la reforma al artículo 2 constitucional de 2001.
Entre 2007 y 2008 fungió como consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas de derechos agrarios y sistemas normativos indígenas.
De su trayectoria en el servicio público destaca su paso como subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, de 2011 a 2015.
Posteriormente, fue director de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
Desde 2018, al inicio de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y hasta hace unas semanas, se desempeñó como Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En esa institución fue el responsable de coordinar los trabajos de la “Consulta Previa e Informada” para los proyectos del desarrollo del Tren Maya, Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la consulta indígena para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. También fue el encargado de coordinar los trabajos de la redacción de la propuesta de la iniciativa en esa materia.
Era conocido por su labor de enlace entre el INPI con el poder Legislativo, para la discusión de iniciativas relacionadas con comunidades originarias.
También participó en los trabajos de diálogo del gobierno con autoridades tradicionales del pueblo Yaqui para la elaboración e implementación del Plan de Justicia Yaqui.
Fue secretario técnico del Consejo Nacional de los Pueblos indígenas.
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