Redacción
La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció este martes una suspensión de 5 años de toda actividad futbolística a los mexicanos Ernesto de la Torre y Enrique Valencia, y al costarricense José Rolando Pereira, al encontrarlos responsables de tentativa de amaño de partidos en la Liga de Ascenso.
La FCRF informó que la decisión fue tomada este martes por la Comisión Disciplinaria de la federación tras una investigación de hechos ocurridos en febrero pasado dentro de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba, equipo de la Liga de Ascenso (Segunda División) en el que de la Torre era dirigente, Valencia entrenador y Pereira el presidente.
«La Comisión determinó que la conducta sancionable no la realizó la organización Asociación Deportiva Municipal Turrialba, sin embargo, se le objeta a su dirigencia y fiscalía haber sido muy permisiva y omisa en los deberes de prevención y alerta en temas de manipulación de partidos», indica la resolución de la Comisión Disciplinaria.
Según la denuncia publicada por el diario La Nación en mayo pasado, Pereira, Valencia y de la Torre habrían ofrecido a 8 de los jugadores del plantel dinero a cambio de perder un partido el pasado 10 de febrero por un marcador específico, pero los futbolistas rechazaron la propuesta y expresaron su molestia.
Dos días después del partido, a los jugadores les comunicaron que todo había sido un prueba de confianza, según la denuncia.
De la Torres y Valencia se habían integrado al equipo costarricense el día anterior como parte de un convenio entre el club y una empresa.
La denuncia de este caso fue presentada por medio de una aplicación de la organización de futbolistas FIFPro para denunciar irregularidades, posteriormente el caso fue remitido por la FIFA a la Oficialía de Integridad de Costa Rica, la cual realizó la investigación correspondiente y recopiló testimonios de los involucrados.
Luego de la investigación, el caso pasó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol, la cual emitió este martes la resolución.
Las personas sancionadas tienen tres días hábiles para apelar la resolución.
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