Redacción
Coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles de la administración de Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda de México contra fabricantes armamentísticos a los que pide una indemnización por los daños que causan las armas del narcotráfico.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el máximo tribunal estadounidense debe decidir si desestima o da curso a la demanda de México, que libra una guerra judicial contra ocho fabricantes de armas estadounidenses desde 2021.
Ese año demandó a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
Smith & Wesson e Interstate Arms recurrieron a la Corte Suprema para tratar que desestime la demanda. La indemnización pedida por México asciende a 10 mil millones de dólares.
En 2022, un juez desestimó el caso alegando que las reclamaciones de México tropezaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Pero una Corte de Apelaciones resucitó el caso, justificando que hay una excepción a la ley.
“La Corte Suprema no está revisando el fondo del asunto, sino la decisión de la Corte de Apelaciones”, precisó Alejandro Celorio Alcántara, antiguo asesor jurídico del ministerio de Relaciones Exteriores mexicano.
México debe probar que esta empresas “auxilian e instigan” el tráfico y la exportación de armas, así como la relación de “causalidad” de las conductas demandas y los daños que se registran en México, explicó a la AFP.
Se espera que el máximo tribunal de Estados Unidos dé a conocer su fallo antes del verano boreal.
Según México, las empresas estadounidenses venden rifles semiautomáticos, fabrican cargadores de más de diez cartuchos y no imponen restricciones de venta, lo que ha creado un suministro de armas de fuego que acaban siendo utilizadas por los cárteles de la droga.
Según las autoridades mexicanas, el 72 porciento de las armas encontradas en los escenarios del crimen del narcotráfico -en torno a medio millón- están fabricadas por estas empresas y llegan cada año ilegalmente a México procedentes de Estados Unidos.
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