Redacción
El Comité sobre las Desapariciones Forzadas justifica su reciente decisión de solicitar que la situación de México en esta materia sea tratada en la Asamblea General de la ONU, una petición que ha sido muy criticada por el Gobierno mexicano.
Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.
Las decisiones del comité que implican referir una situación nacional de desapariciones forzadas a la Asamblea «se toman siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad», asegura la nota, en la que se expresa el deseo del Comité de «mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México».
El pasado 4 de abril, el grupo de expertos -cuya misión es vigilar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada- anunció su intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado, de acuerdo con la agencia EFE.
Esta decisión provocó las protestas de distintas autoridades mexicanas, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien este martes acusó al Comité de tener «mucho desconocimiento» sobre su país.
El Comité recordó que el artículo 34 (cuyas decisiones no tienen un carácter vinculante) permite llevar casos nacionales a la Asamblea General si recibe información creíble de que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática en un país.
Afirmó que algunas reacciones tras su decisión «revelan cierta confusión respecto al procedimiento» y aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 se adoptó «por consenso» y sobre la base de denuncias recibidas, de informes -incluido el del Estado parte- y otros elementos.
Subrayó, por otro lado, que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.
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