El proceso judicial en el que siete profesionales de la salud enfrentan cargos por la muerte de Diego Maradona volvió a sufrir un retraso y su inicio fue pospuesto por aproximadamente un mes. Los acusados están señalados por el delito de homicidio simple con dolo eventual tras el fallecimiento del exfutbolista argentino en 2020.
El tribunal que llevaba adelante el caso resolvió aplazar la apertura del juicio oral, que inicialmente estaba prevista para el 17 de marzo, y fijó como nueva fecha el 14 de abril. La decisión se tomó luego de que se redujera de manera considerable el número de testigos contemplados para declarar, lo que obliga a reorganizar el calendario de audiencias.
De acuerdo con la resolución judicial, la disminución —de alrededor de un centenar de testigos— requiere replantear la dinámica del proceso y ajustar el cronograma de acuerdo con las pruebas que finalmente se presentarán durante el debate. Por este motivo, se consideró necesario otorgar más tiempo a las partes para reorganizar su estrategia y planificar la participación de los testigos en las distintas sesiones.
El juicio tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en las que murió el histórico capitán de la selección argentina, campeón de la Copa Mundial de la FIFA 1986. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba en una internación domiciliaria en una vivienda situada en las afueras de Buenos Aires. El exjugador se recuperaba entonces de una operación realizada dos semanas antes para retirar un hematoma subdural en la cabeza.
Según la fiscalía, durante el periodo en que permaneció bajo atención médica en la casa donde convalecía, los profesionales responsables no habrían brindado los cuidados necesarios para atender su estado de salud.
Los imputados enfrentan el cargo de homicidio simple con dolo eventual, una figura legal que contempla situaciones en las que el responsable es consciente de que su conducta puede provocar un daño grave, pero aun así decide continuar. Este delito puede ser castigado con penas de hasta 25 años de prisión.
Entre los principales señalados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. También figuran los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos participaron de alguna forma en la atención domiciliaria del exfutbolista y han rechazado las acusaciones de negligencia.
Este caso ya había sufrido un revés anteriormente. A comienzos del año pasado se había iniciado un primer juicio, pero el proceso fue anulado en mayo luego de que se difundieran fragmentos de un documental centrado en una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, quien posteriormente enfrentó un proceso político que terminó con su destitución.
El tribunal actual también determinó que el nuevo juicio se desarrollará en dos audiencias por semana, aunque se contempla la posibilidad de añadir una tercera sesión si el avance del debate o la presentación de pruebas lo hacen necesario.
La defensa que representa a Diego Fernando, el menor de los hijos reconocidos del exfutbolista, calificó la nueva postergación como otro episodio vergonzoso dentro del proceso judicial.
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