Daniel Peña
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Ante la recomendacion que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) «reparación integral del daño» para una mujer que fue víctima de la amputación por error de las dos piernas y de la extirpación del útero, el IMSS respondió que atenderá dicha recomendación.
«Transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de una mujer de 27 años por diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico inadecuados», detalló la Comisión en un comunicado.
Por tanto y respecto a la recomendación 118/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó:
«El Instituto Mexicano del Seguro Social analiza la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre hechos registrados entre los meses de septiembre de 2018 y julio de 2019. El IMSS refrenda su disposición de cooperar con los propósitos del órgano garante de los derechos humanos. El Seguro Social expresa su compromiso con el cuidado de la salud oportuna y adecuada hacia sus derechohabientes».
Ante lo anterior, la CNDH solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, que proceda a la «inmediata» reparación del daño.
«Incluyendo el pago de una compensación económica suficiente; se procure a la víctima el acceso a programas sociales que le brinden oportunidades de desarrollo, y se le otorguen becas en favor de sus dos familiares directamente afectados», indicó la CNDH.
Las víctimas también deberán recibir la atención psicológica y psiquiátrica requerida y el IMSS deberá brindar atención médica vitalicia como consecuencia de la discapacidad permanente y las secuelas, así como los dispositivos de prótesis requeridos.
«Se deberá colaborar con el Órgano Interno de Control en el IMSS para que se tramite y dé seguimiento a la denuncia que se presentará en contra de las personas servidoras públicas señaladas como responsables».
