Redacción
El conflicto legal por los palcos del Estadio Azteca dio un giro drástico este martes 16 de junio, luego de que un juez federal suspendiera indefinidamente la orden que permitía a los propietarios ingresar con sus propios alimentos y bebidas durante los partidos del Mundial 2026.
Esta resolución, otorgada a favor de Ollamani SAB (filial de Televisa que controla el inmueble), representa un golpe directo a las pretensiones de los titulares de estos espacios, quienes buscaban quedar exentos de las políticas comerciales internacionales.
Según información de Reforma, la decisión fue tomada por un Juez de Distrito en Materia Civil, quien concedió una suspensión definitiva que deja sin efecto las medidas cautelares previas. Para que esta nueva orden siga vigente y surta efectos legales frente a los reclamos de los particulares, Ollamani deberá cubrir el pago de una garantía económica por un monto de 1.2 millones de pesos.
¿Qué reglas deben seguir los dueños de palcos?
Con este nuevo fallo judicial, los propietarios están obligados a acatar la totalidad de la reglamentación impuesta por la FIFA para la justa mundialista. Esto incluye la prohibición de introducir alimentos o bebidas ajenos a los proveedores oficiales, la obligatoriedad de contar con un boleto individual para cada encuentro y el pago de paquetes de hospitalidad si desean hacer uso de sus espacios durante el torneo.
Asimismo, la resolución del juez Oswaldo Alejandro López Arellanos puntualiza que no se puede prestar o ceder el uso de los palcos a terceros, una práctica común entre los inversionistas privados que adquirieron estos derechos desde la construcción del estadio. La justicia busca que no se afecte el interés social ni los preparativos logísticos del evento internacional, con el fin de garantizar que el “Coloso de Santa Úrsula” cumpla con los estándares globales exigidos.
¿Cómo afecta el fallo a la inversión histórica?
Históricamente, los inversionistas pagaron cifras superiores a los 100 mil pesos para obtener derechos de uso vitalicios, los cuales incluyeron las Copas del Mundo de 1970 y 1986. No obstante, el criterio jurídico actual prioriza los compromisos adquiridos por la directiva del estadio con la FIFA, dejando en pausa los privilegios que la jueza Concepción Martín Argumosa había otorgado inicialmente el pasado 12 de mayo.
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