Redacción
El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXI Legislatura del estado, presentó una iniciativa de Ley para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, con el objetivo de acabar con los privilegios y a favor de la austeridad.
Dicha iniciativa propone armonizar la Constitución local de Querétaro con la reciente reforma Constitucional federal, publicada el pasado 23 de abril del presente año, en materia de combate a los privilegios y la austeridad republicana, el denominado “Plan B”.
Sus principales ejes son:
· Limitar el presupuesto anual del Poder Legislativo estatal a un máximo del 0.70% del Presupuesto de Egresos del estado.
· Sujetar remuneraciones del personal de los poderes públicos y organismos autónomos al límite previsto en el artículo 127 constitucional.
· Prohibir prestaciones extraordinarias como seguros médicos privados, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro no previstos en ley.
· Reducir la integración de Ayuntamientos al establecer una sola sindicatura por municipio, manteniendo el número actual de regidurías, salvo modificación futura por criterios poblacionales.
· Destinar los ahorros generados a infraestructura pública y fortalecimiento de haciendas municipales.
El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, señaló que persisten estructuras institucionales que generan un gasto público considerado excesivo o ineficiente; además de que existen prestaciones que se califican como privilegios para servidores públicos, y justo dijo, se buscan erradicarlos con esta iniciativa; agregó que existen integraciones municipales sobredimensionadas.
Aseveró que esta iniciativa plantea que el diseño institucional debe responder a criterios de austeridad, racionalidad presupuestaria y cercanía con la ciudadanía.
El legislador morenista reiteró que al adecuar la Constitución local se eliminarán los privilegios presupuestales y administrativos; se fortalecen los principios de austeridad republicana; se homologa el marco jurídico estatal con la Constitución federal; y se podrán redistribuir recursos hacia fines públicos prioritarios.
“La iniciativa tiene una orientación política clara hacia la austeridad republicana y la eliminación de prestaciones consideradas privilegios, alineándose con la narrativa y reformas impulsadas a nivel federal. Sin embargo, desde una perspectiva técnico-legislativa, requeriría ajustes importantes de redacción, sistematicidad normativa y justificación presupuestaria para asegurar su viabilidad constitucional y operativa”, advirtió el diputado Edgar Inzunza Ballesteros.
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