Redacción
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son bien conocidos por sus sueldos elevados y más allá de su salario mensual, cuentan con un esquema de compensaciones y prestaciones que, en conjunto, suman cifras millonarias al año, lo que ha generado fuertes discusiones sobre los privilegios del Poder Judicial.
Cada uno de los nueve ministros que integran la SCJN percibe un ingreso neto mensual de 206 mil 948 pesos, cifra que corresponde únicamente al sueldo base sin considerar impuestos o deducciones.
A esto se suman diversos apoyos establecidos en el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre las compensaciones adicionales se incluyen la prima vacacional, primas por antigüedad (quinquenales), gratificaciones anuales, seguros y apoyos económicos en distintos rubros.
Seguro médico de más de un millón
Otro de los beneficios más destacados es el seguro de gastos médicos mayores, que puede alcanzar hasta 1 millón 50 mil pesos mensuales en cobertura, tanto para el ministro como para su cónyuge, pareja o hijos menores de 25 años. Esta prestación representa uno de los seguros médicos más robustos dentro de la administración pública mexicana.
En caso de fallecimiento, la familia del ministro recibe un apoyo de 35 mil pesos para gastos funerarios, además de un pago por defunción equivalente a cuatro meses de sueldo bruto tabular, lo que representa más de 827 mil pesos.
Antigüedad y primas adicionales
A lo largo de su trayectoria, los ministros también reciben primas quinquenales, bonificaciones que se otorgan por cada cinco años de servicio, hasta acumular 25 años. Estos incentivos buscan premiar la permanencia y lealtad dentro del Poder Judicial.
Con estos ingresos y prestaciones acumuladas, el paquete total de beneficios de un ministro supera ampliamente los salarios de otros altos funcionarios públicos.
Polémica por los privilegios del Poder Judicial
Este esquema de remuneraciones ha sido objeto de controversia, especialmente en el contexto de austeridad impulsado en otros niveles de gobierno. Mientras algunos sectores exigen la reducción de estos privilegios, los defensores del sistema argumentan que mantener estas condiciones es clave para garantizar la independencia, imparcialidad y profesionalismo de la Suprema Corte.
El debate sigue abierto, mientras el país enfrenta presiones presupuestarias en distintas áreas, como salud, educación y seguridad.
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