
El Real Madrid encendió la polémica en la antesala de la final de la Copa del Rey al emitir un duro comunicado en el que acusa una “clara animadversión y hostilidad” por parte del cuerpo arbitral que dirigirá el duelo ante el Barcelona este sábado en Sevilla. El club blanco criticó abiertamente las declaraciones realizadas por Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal del partido, y Pablo González Fuertes, encargado del VAR, quienes lamentaron la presión mediática que reciben los colegiados, particularmente por parte de medios como Real Madrid TV.
En su pronunciamiento, el club calificó de «inadmisibles» dichas manifestaciones, a las que atribuye un tono amenazante y parcial, emitidas apenas 24 horas antes del enfrentamiento. Consideran que los comentarios comprometen la objetividad de los árbitros y minan los principios de equidad que deberían prevalecer en un evento de esta magnitud, seguido por millones de personas en todo el mundo.
En respuesta, el club decidió no participar en ninguna de las actividades oficiales organizadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este viernes: ni rueda de prensa, ni entrenamiento en el estadio La Cartuja, ni la cena protocolaria en el Real Alcázar de Sevilla. Tampoco acudieron representantes del club, incluido su presidente Florentino Pérez.
El detonante fueron las emotivas palabras de De Burgos Bengoechea, quien conmovido hasta las lágrimas expresó el sufrimiento que viven los árbitros debido a los ataques públicos. Mencionó incluso haber tenido que explicarle a su hijo que, aunque se equivoque, sigue siendo una persona honrada. González Fuertes, por su parte, advirtió que «no se va a seguir aguantando esto» y anunció que el Comité Técnico de Árbitros está decidido a tomar acciones firmes.
Aunque el Real Madrid no solicitó formalmente la sustitución de los árbitros, sí dejó en claro que considera que ambos han quedado “incapacitados” para dirigir la final y espera que la RFEF actúe en consecuencia. El club concluyó su comunicado haciendo un llamado a las autoridades para que adopten medidas en defensa de la integridad de las instituciones que representan.