Redacción
Cuatro hombres enfrentan cargos federales, acusados de traficar a miles de personas a Estados Unidos desde Guatemala en lo que las autoridades llaman “una de las mayores redes de tráfico de personas en el país”.
Los agentes federales aún persiguen a uno de los cuatro hombres, quien, según dicen, amenazó con matar a un agente investigador y a su familia mientras las autoridades ejecutaban órdenes de registro este viernes.
El fiscal federal interino para el Distrito Central de California, Joseph T. McNally, anunció los cargos en una conferencia de prensa este lunes en Los Ángeles. La “organización criminal transnacional” traficó a unas 20.000 personas al país durante al menos 12 años, indicó.
“Los delitos alegados en la acusación muestran un grupo criminal que actuó con un desprecio insensible por las leyes de inmigración de una nación y sin consideración por los inmigrantes que traficaron”, dijo McNally. “Mantuvieron a las personas traficadas como rehenes durante meses, amenazándolos a ellos y a sus familiares con violencia”.
Los cuatro acusados son todos inmigrantes indocumentados de Guatemala, según la acusación. Enfrentan cargos de conspiración para traer extranjeros a Estados Unidos, transportar extranjeros en Estados Unidos y albergar extranjeros en Estados Unidos para obtener ganancias financieras privadas y que resulten en muerte; transportar extranjeros en Estados Unidos para obtener ganancias financieras privadas y que resulten en muerte; toma de rehenes; y decomiso criminal. Cada uno enfrenta hasta cadena perpetua y la posibilidad de la pena de muerte si son condenados, según McNally.
CNN trabaja para identificar si los cuatro acusados han obtenido representación legal.
Los cargos se producen en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, que ha incluido redadas de ICE en todo el país y el fin de las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, entre otras medidas.
El “cabecilla” del grupo, Eduardo Domingo Renoj-Matul, y su “mano derecha” Cristobal Mejia-Chaj, fueron arrestados y procesados este viernes, dijo McNally. Ambos se declararon inocentes.
Un tercer acusado, Helmer Obispo-Hernandez, es un “fugitivo” y su paradero se desconoce actualmente, dijo McNally. Después de que los agentes federales ejecutaron una orden de registro en su casa, Obispo-Hernandez supuestamente llamó a un agente de Seguridad Nacional y amenazó con matarlo junto con su familia, según una declaración jurada.
Un cuarto acusado, José Paxtor-Oxlaj, está bajo custodia en Oklahoma en relación con un “horrible accidente automovilístico”, dijo McNally. Los documentos de acusación indican que Paxtor-Oxlaj “causó una colisión vehicular” mientras transportaba inmigrantes indocumentados para el grupo en 2023. El accidente resultó en la muerte de siete pasajeros en el vehículo de Paxtor-Oxlaj, incluido un niño de 4 años, según McNally.
El grupo se especializaba en traficar inmigrantes desde Guatemala a Estados Unidos a través de México, dijo McNally. Al trabajar con los otros acusados, los documentos de acusación afirman que Renoj-Matul “aceptó un pago de entre US$ 15.000 y US$ 18.000 por cada extranjero ilegal que se traficara a Estados Unidos”.
Los inmigrantes generalmente eran transportados inicialmente a Arizona.
“Los inmigrantes ilegales, luego por una tarifa adicional, eran transportados a varias casas de seguridad en todo Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles”, dijo McNally. “Aquellos que no pagaban sus tarifas eran mantenidos como rehenes, incluso en una casa de seguridad aquí en el Distrito de Westlake de Los Ángeles”.
“El tráfico de personas es grave y peligroso en el que se involucran personas que en su mayoría están desesperadas y buscan una vida mejor”, dijo Dwayne Angebrandt, agente especial adjunto interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Los Ángeles, en la conferencia de prensa. “La actividad ilegal no solo pone en peligro la vida de aquellos que están siendo traficados, sino también la seguridad nacional y la seguridad pública”.
Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, en 2022 vivían en Estados Unidos unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. En 2024, las autoridades encontraron a más de 2 millones de personas en la frontera suroeste, incluidos solicitantes de asilo.
Durante el último año fiscal, durante la administración de Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a 271.484 inmigrantes, lo que supone el nivel más alto de deportaciones desde 2014.
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